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La demanda revela incumplimientos críticos y sistemáticos por parte del Cabildo de Lanzarote.
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La compañía se defenderá con la máxima contundencia para proteger su patrimonio y buen nombre como empresa pública.
A propósito de la situación actual del servicio urbano del agua en Lanzarote y La Graciosa, Canal Gestión Lanzarote quiere comunicar que en el día de hoy ha iniciado formalmente los trámites legales para solicitar la resolución del contrato de concesión por causas imputables al Consorcio del Agua de Lanzarote.
Tras más de doce años prestando el servicio en un escenario de hostilidad jurídica y técnica, Canal Gestión ha decidido adoptar esta decisión basándose en un análisis técnico-jurídico que identifica incumplimientos críticos y sistemáticos por parte de la Administración insular del agua.
En primer término, el Consorcio se comprometió contractualmente a ejecutar y financiar unas inversiones, valoradas en 78,7 millones de euros, que no ha llevado a cabo. Este incumplimiento es todavía más notorio si se tiene en cuenta que Canal Lanzarote adelantó un canon de 50 millones de euros que el Consorcio destinó a fines ajenos al servicio, en lugar de aplicarlo a la renovación y ampliación de sus infraestructuras hidráulicas, como habría sido lógico habida cuenta de su deficiente estado de conservación inicial.
El inexplicable abandono de la inversión comprometida por parte del Cabildo de Lanzarote en su propia red ha supuesto una degradación de las infraestructuras del agua en perjuicio tanto de los habitantes de la isla, como de la operación de Canal Gestión Lanzarote.
A este desequilibrio inversor se suma el bloqueo deliberado a la actualización tarifaria. Desde 2017, el Consorcio ha eludido sistemáticamente la revisión de tarifas prevista en el contrato. Y ha sido así pese a estar reconocida y amparada por sentencia judicial firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Esta situación supone una vulneración flagrante de los derechos del concesionario, y le ha generado a la compañía un déficit superior a los 40 millones de euros, que es una cantidad que el Cabildo en todo caso va a tener que abonar a Canal, a la vista de los pronunciamientos judiciales.
Por otra parte, el Consorcio del Agua ha impuesto modificaciones contractuales, incluidas órdenes de obras de carácter unilateral, que han alterado de forma arbitraria las condiciones esenciales de la adjudicación realizada a Canal Gestión Lanzarote en 2013. Estas novaciones han superado el umbral permitido por la Ley de Contratos del Sector Público y se han efectuado obviando los procedimientos legalmente establecidos.
Entre tanto, la intervención cautelar del servicio acordada por el Consorcio supone un agravio enorme e injustificado, teniendo en cuenta que Canal Gestión Lanzarote se ha comprometido por encima de sus obligaciones contractuales mientras que el propio Consorcio ha desatendido sus deberes más básicos como órgano de contratación y como titular de las infraestructuras hidráulicas.
Por todo ello, y a la vista de la gravedad de los hechos, Canal Gestión Lanzarote ha solicitado la resolución del contrato de concesión del servicio, así como la compensación de todos los perjuicios económicos que estas actuaciones generen a Canal Gestión Lanzarote. Esta situación se entiende sin perjuicio de cualesquiera otras actuaciones que resulten necesarias para preservar los recursos económicos y el buen nombre de la compañía.